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Boletín N°. 1678 Estar al servicio de la población, el gran desafío para medios públicos como privados: SPR
  • Artículo 6º constitucional es la guía para la radiodifusión: diputada Rojas Hernández

 

21-05-2019.- En el “Foro de análisis sobre el sector de la radiodifusión en el marco de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024”, Jenaro Villamil Rodríguez puntualizó que el gran desafío, tanto para los medios privados como públicos, es estar al servicio de la población.

 

“Hemos perdido audiencias, credibilidad y el sentido de la oportunidad y la visión de mediano y largo plazos. La caída de la televisión y la radio comercial tiene que ver con el cambio tecnológico y con la crisis de credibilidad”, afirmó el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

 

Resaltó que durante los últimos seis años, los medios públicos mexicanos no sólo fueron minimizados sino saqueados o “huachicoleados”; es decir, abandonados, pero lo peor es que no eran medios del gobierno, sino del Estado.

 

Uno de los pendientes en la materia, dijo, tiene que ver con la Ley General de Medios Públicos Federales, que no existe todavía. “Es importante construir y convocar a la sociedad y a quienes estamos en estas responsabilidades, tanto desde el Poder Legislativo como desde el Sistema Público de Radiodifusión o de la Red México a construir un nuevo ordenamiento jurídico general; se necesita una ley que vaya más allá de este periodo de la Cuarta Transformación”.

 

Precisó que en la reforma legislativa constitucional del sexenio anterior quedó pendiente el mirar a los medios y a las telecomunicaciones de manera convergente y no separada. Por ello, se requiere hacer una política que permita la convergencia y una de servicio público de interés nacional.

 

“El proceso para consolidarla va a ser complejo y tardado, pero hay consenso entre las fuerzas políticas, salvo algunos sectores cuyos intereses no es tener medios públicos fuertes y quienes no quieren que el gigante se despierte y que la infraestructura de los medios públicos sea compartida para tener una cadena nacional de radio o una de televisión o que comparta contenidos, estrategias de un servicio público realmente de manera moderna”, añadió.

 

El Plan Nacional de Desarrollo debe incluir principios o postulados que lleven hacia la consolidación de un sistema de medios públicos convergentes y de interés general. En ese sentido, añadió, desde el Sistema Público de Radiodifusión, “vamos a dejar en la Cámara de Diputados la propuesta de un agregado en el eje general de Justicia y Estado de derecho dentro del PND”.

 

Afirmó que la política de medios públicos es transversal y no debe ser el resultado de un apartado ajeno al objetivo general de fortalecer la cultura democrática, al de abrir el gobierno a la participación social y el de escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial atención a las mujeres y a los grupos históricamente discriminados o marginados.

 

Villamil Rodríguez propuso que en la política de desarrollo en donde se incorpore a los medios públicos no sea ajena al marco jurídico y al de derecho internacional. También plantea que la promoción del diálogo abierto con accesibilidad, transparente y culturalmente pertinente, se realice a través de la prestación del servicio público de interés general de radiodifusión y telecomunicación por parte de los medios públicos de comunicación.

 

Además, se busca garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la identidad y los derechos de la información y de petición, como ejes fundamentales a los medios públicos de comunicación para desarrollar esta actividad.

 

“La propuesta está estrechamente vinculada a la promoción de la justicia y el Estado de derecho del nuevo modelo democrático, lo que significa construir un nuevo paradigma de medios de comunicación pública en México, no oficiales o gubernamentales, ni extensiones de la voz del gobierno federal o del presidente en turno, ni que estén subordinados al modelo de comunicación privado; no se trata de censurarlos o acabarlos, sino crear una alternativa pública”, añadió.

 

La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), señaló que la intención de este foro es lograr un documento objetivo y técnico de lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece o necesita en esta materia.

 

Mencionó que el artículo 6º constitucional es la guía para el tema de radiodifusión, y en el apartado B de la fracción III, establece que es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea en condiciones de competencia y calidad que brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º constitucional.

 

Cuestionó el papel que tienen los medios públicos para el cumplimiento de lo que establece la Carta Magna y qué hace falta para fortalecerlos y puedan cumplir con su trabajo, y qué es lo que desde el Ejecutivo y desde el Congreso de la Unión se debe hacer para lograrlo.

 

El diputado Rafael Hernández Villalpando (Morena) afirmó que los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión estarán siempre abiertos a todas las inquietudes, ya que las propuestas permiten facilitar y enriquecer el trabajo de los legisladores.

 

Aleida Calleja Gutiérrez, directora general del Instituto Mexicano de la Radio, señaló que los criterios de radiodifusión que se integren al PND deben apegarse a los más altos estándares internacionales sobre los medios públicos, que incluya ya las telecomunicaciones que plantean la Unesco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Estimó que hay una gran tarea de todos los actores para el fortalecimiento de los medios públicos y una de ellas es del Legislativo, ya que aquí se hacen las leyes que permiten fortalecer a los medios públicos.

 

Consideró que se debe revisar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que es “inequitativa con el sector social y muy permisiva con el sector comercial”; evade los mandatos principales de la Constitución relativos a establecer límites a la concentración, monopolios, oligopolios y reconocer los derechos de las audiencias, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como al derecho a la información plural. “Es una ley que nos debe mucho”.

 

También, dijo, habría que llamar más a cuentas al regulador porque sus actos que se derivan de la ley no siempre los toman en cuenta. Asimismo, indicó, el país tiene un gran reto en términos de los nuevos servicios en plataformas digítales, porque hay una gran penetración, especialmente los servicios de comunicación audiovisual que están cambiando totalmente la manera de acercamos a la radio, la televisión o servicios audiovisuales. “Si los medios de uso público no se adecuan a este cambio van a quedar fuera porque los jóvenes ya están en esas plataformas”.

 

María Teresa Velázquez Navarrete, presidenta de La Red México AC, enfatizó que vivimos un momento histórico y los medios de uso público son actores sustantivos si se quiere una verdadera transformación digital del país.

 

Subrayó que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión planteó una nueva visión, pero se quedó corta; hay que tener otras formas de concebir y pensar a los medios de servicio público y debe quedar establecido en la norma. Por ello, consideró que esta ley requiere ser revisada para ahondar en el sentido de lo público, en la rentabilidad social que significan los medios no particulares, replantearse las formas de financiamiento y el beneficio, impacto, aprovechamiento y competencia o responsabilidad social frente a la competencia económica de los medios privados y comerciales.

 

Resaltó que es momento de requerir a la legislatura y que se exprese en el PND el apoyo decidido para establecer presupuestos y mecanismos de financiamiento y, sobre todo, de cofinanciación dignos para los medios de servicio público.

 

Solicitó la creación de fondos etiquetados para la producción independiente de contenidos y la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual que somos responsables de crear. Asimismo, se ayude a cumplir con la ley que obliga al acceso a las nuevas tecnologías para la accesibilidad audiovisual de la radio y la televisión hacia personas con requerimientos especiales; concretar proyectos de alfabetización y trabajar de la mano con los encargados de la conectividad.

 

Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19, expuso que el PND debe enfocarse en abatir la brecha digital, a fin de que el internet sea gratuito, universal y con perspectiva de pertinencia cultural y género; es decir, que realmente garantice el derecho a la información y a la libertad de expresión.

 

Asimismo, consideró necesario definir los criterios de la publicidad oficial para que estén basados en la idoneidad del medio y la población objetivo, permitir la equidad y promover la transparencia, pero, sobre todo, se busquen los mecanismos de salvaguarda de los comunicadores y periodistas.

 

En este sentido, enfatizó que los residuos de un gobierno autoritario no han logrado que se avance en la libertad de expresión, cuenta de ello es la violencia a la que se enfrentan los periodistas, a través del silenciamiento y criminalización de su labor.

 

“Tan sólo el año pasado se detectaron 544 agresiones, las cuales van desde amenazas, hostigamiento, bloqueo informativo, desaparición, hasta el asesinato, donde el 48 por ciento de estos ataques provinieron de funcionarios públicos”, añadió.

 

La representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, Irina Vázquez Zurita, expresó que los medios comunitarios e indígenas han estado históricamente fuera del sistema y que el principal problema es la implantación de la ley.

 

Expuso que en ninguna parte del Plan Nacional de Desarrollo “existe referencia de las radios comunitarias e indígenas; es alarmante e invitamos a que se incluya este concepto. Estos medios son estratégicos para difundir y promover los derechos humanos, permiten el desarrollo económico y tienen un gran valor cultural y político”.

 

Se unió al llamado de los medios públicos, en el sentido de que el PND requiere contemplar y proteger la independencia editorial y brindarles el suficiente techo presupuestal para poder cumplir con su labor social a favor de la pluralidad y la diversidad.

 

“Hoy más que nunca las radios comunitarias e indígenas tienen en los medios públicos buenos aliados. Hoy en día han sido aliados en términos de asesoramiento técnico, acompañamiento en producción y capacitación, y también para compartir producciones. Es un momento histórico para poder transformar el sistema de medios en México; los medios comunitarios e indígenas no puedan quedar fuera del PND”, afirmó.

 

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